1. Convocatoria a diseñar e implementar una nueva política para la educación de jóvenes y adultos. Nuestro país tiene una historia importante en la educación de adultos: desde los años 60 del siglo pasado fue impulsada, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, como una vía estratégica para avanzar en una sociedad inclusiva y más justa. Se la concibió, además, como una herramienta para darle calidad a la vida democrática y tal principio nutrió igualmente la defensa de las libertades y derechos humanos. Diversas instituciones y docentes implementaron programas innovadores reconocidos como buenas prácticas inspiradoras a nivel global y más allá de los vaivenes de las políticas sectoriales los-as educadores-as han perseverado en su compromiso por responder a las necesidades de lo-as estudiantes que llegan a la educación de jóvenes y adultos buscando alternativas de mejoramiento de sus vidas. En la actualidad, los sistemas educativos tienen la obligación de trabajar para el interés común para que los beneficios del desarrollo de los conocimientos y de las tecnologías se distribuyan con igualdad en todos los grupos etareos, por tanto, deben fortalecer la “educación durante toda la vida” como un derecho. Para lograr avances hacia este objetivo valoramos el momento privilegiado que vive nuestro país para desarrollar cambios sustantivos en su sistema educacional y en sus fundamentos políticos y pedagógicos. Así lo siente la sociedad civil, los-s educadores-as, los movimientos estudiantiles y las autoridades y el Gobierno ha convocado a diálogos ciudadanos para fortalecer la participación de todos los actores en la realización de reformas educacionales para una educación justa y de calidad. Para quienes trabajamos en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos en todas sus modalidades, escolares y comunitarias, esta es una oportunidad para reivindicar la importancia de que el país refunde una política pública en este ámbito educativo, que responda a las necesidades existentes en la población adulta en relación a su vida laboral, social y ciudadana. Por esta razón, un contingente importante de docentes en ejercicio y de profesionales de la educación, que trabajan por hacer realidad en el país lo que la UNESCO ha definido como el “derecho humano a la educación durante toda la vida para todos y todas”, estamos movilizándonos para aportar, desde nuestra prácticas, experiencias y pensamiento, a este necesario y urgente proceso refundacional.
2. La educación de jóvenes y adultos como derecho tiene un estatus estratégico para el desarrollo inclusivo del país. Consideramos que el fundamento de una nueva política para la educación de jóvenes y adultos en nuestro país es el reconocimiento de la “educación durante toda la vida” como un derecho humano, lo que exige que los sistemas educativos adecuen su institucionalidad y estructura para responder a las necesidades de aprendizaje durante todo el ciclo de vida de las personas. Con el reconocimiento de este principio valoramos la importancia de que las personas se eduquen de manera permanente, para que respondan con autonomía y responsabilidad a las transformaciones periódicas de la predominante “economía del conocimiento” y, de este modo, la sociedad cuente con capacidades culturales de base para llegar a solidarias, inclusivas, igualitarias, educadoras. Estos principios, que el Estado chileno ha reconocido como propios en diversos foros internacionales y en sus respectivas declaraciones vinculantes (CONFINTEA de Belém, 2009) nos llevan a plantear la necesidad de generar cambios sustantivos en la actual política de la modalidad de “educación de jóvenes y adultos”, tal como es reconocida en la Ley General de Educación, dándole un estatus estratégico.
Consideramos que es preciso hacer estos cambios para que el sistema público de la educación de jóvenes y adultos asuma su responsabilidad de responder a la exigencia cultural y educacional que supone una sociedad igualitaria, no segregadora y democrática.
Consideramos que éste es el momento para que en la red pública de servicios educativos para jóvenes y adultos se realicen transformaciones que aseguren su calidad , su pertinencia social y territorial y el acceso de todas las personas que los demanden según nuevas propuestas pedagógicas e institucionales . que garanticen lo establecido en la propia Ley General de Educación que considera la educación de jóvenes y de adultos una modalidad relevante integral y no sólo la “normalización de estudios”.
3. Los desafíos de una buena educación de jóvenes y adultos que responda integralmente tanto a las necesidades de realización personal y de inclusión social de los estudiantes como a las consecuencias que genera la realidad del analfabetismo funcional en el país. Una tarea importante es trabajar para que los cinco millones de ciudadanos-as que no han terminado sus estudios regulares básicos y secundarios lo hagan en el marco de un servicio educativo que junto con apoyarles a terminar tales estudios les abra oportunidades e itinerarios formativos diversos que contribuyan a hacer realidad sus proyectos personales, profesionales y laborales . Se debe tener presente que la educación de jóvenes y adultos acoge actualmente de manera importante a los estudiantes que la educación formal excluye, deshecha o expulsa. Para estos-as estudiantes se requieren desarrollar dispositivos institucionales y didácticos adecuados que permitan que los nuevos procesos de aprendizaje que se proponen reviertan las malas experiencias anteriores y hagan posible su real inclusión en el sistema educativo. Asimismo, recientes estudios han mostrado la realidad del “analfabetismo funcional” en el país, lo que es una evidencia más para exigir un cambio de paradigma en la educación de las personas jóvenes y adultas, abriéndonos a nuevas formas de educación comunitaria, redefiniendo las modalidades de acción de los establecimientos públicos que proveen el servicio educacional para jóvenes y adultos, estableciendo alianzas y redes que potencien el trabajo educativo y de capacitación con adultos que realizan otros servicios públicos diversos u otras entidades no-lucrativas de la sociedad civil que despliegan programas de educación comunitaria, de formación vocacional, de formación ciudadana, entre otras temáticas.
4. Educación de jóvenes y adultos para el pleno ejercicio de la ciudadanía y la realización humana. Dado que el horizonte de una nueva política de educación de jóvenes y adultos es garantizar al derecho a la educación durante toda la vida, como atributo fundamental de una sociedad justa e inclusiva, la tarea inicial que se debe emprender es iniciar el diseño y la implementación de un sistema-red que permita que las personas accedan y participen de trayectorias o itinerarios educacionales basados en sus territorios de vida y que les responda a su “aspiración” a formarse. Para conseguir esta finalidad no basta concebir la educación de jóvenes y adultos sólo como una actividad compensatoria o remedial sino como un servicio de calidad habilitante para el ejercicio pleno de la ciudadanía social y educativa de la población en todas sus etapas etarias. Un desafío muy importante para una nueva política de educación de jóvenes y adultos es su coordinación con políticas que promuevan empleos dignos, bien remunerados y capacitación laboral y profesional que integren de manera culturalmente pertinente y sin discriminación de ninguna especie los “·tiempos laborales” con los “tiempos de la vida” incluyendo los “tiempos de la jubilación”, cuya dinámica y sentido está cambiando de manera significativa, lo que amerita nuevas política de inclusión y promoción del empleo en tiempos de jubileo.
5. Pertinencia regional, cultural, social y ciudadana de la educación de jóvenes y adultos como derecho humano. Una nueva política de educación de jóvenes y adultos de integrar de manera renovada el sistema público de formación y aprendizaje para responder a las necesidades productivas, medioambientales, culturales, sociales, patrimoniales e identitarias de los territorios y regiones del país. Los establecimientos públicos de educación de jóvenes y adultos, los centros de formación técnicas, las escuelas vocacionales, las universidades, las redes de educación comunitaria y las entidades no-lucrativas de capacitación para el trabajo deben concertarse para generar ofertas flexibles y masivas que permitan el aumento de las oportunidades formativas de las personas adultas en todos los “·ámbitos” y “tiempos” vitales señalados. El horizonte debe ser avanzar hacia territorios, regiones, ciudades y localidades socialmente responsables con la “educación para toda la vida” en perspectiva de desarrollar modos de vida sustentables ambientalmente, participativos, saludables y interculturalmente creativos. El anuncio presidencial de crear centros regionales de formación técnica puede ser una oportunidad para explorar nuevos modelos para la gobernanza de los sistemas de aprendizajes, certificaciones y acreditaciones de saberes y prácticas. El criterio fundamental para su implementación debe estar en el reconocimiento de los cinco atributos que aseguran el “derecho a la educación”:
- la adaptabilidad o capacidad de respuesta a las necesidades y aspiraciones educacionales y de aprendizaje de los jóvenes y adultos específicos, y
- que sea asequible universalmente, sin discriminaciones de género, cultura, edad, procedencia social y territorial, domicilio;
- la disponibilidad para todas las personas;
- la aceptabilidad y calidad de la provisión pública del servicio educacional (que incluye la calidad docente) ;
- la capacidad de responder a la educación de los pueblos originarios a través de políticas interculturales y el reconocimiento de sus lenguas
6. Proponemos una agenda de trabajo. Consideramos que para iniciar el proceso de cambio que demandamos ,y del cual nos sentimos sujetos activos y responsables, es preciso que las autoridades educacionales y los actores de la educación de jóvenes y adultos establezcan prontamente una agenda de trabajo , que comprometa durante el ejercicio del actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet la ejecución de medidas y acciones que establezcan las condiciones participativas para crear una nueva política pública de la “educación para toda la vida” en nuestro país , con un sentido de justicia educativa y pleno reconocimiento de que el Estado debe responder a los desafíos culturales y sociales que exigen el pleno ejercicio de la ciudadanía democrática en la sociedad. Prioritariamente esta “agenda corta” debe asegurar:
- Definir la educación de jóvenes y adultos como un ámbito estratégico en el proceso de transformaciones educacionales que lidera el actual Gobierno
- Convocar desde la autoridad educacional del país a todos los actores de la educación de jóvenes y adultos para trabajar en el diseño e implementación de una nueva estrategia nacional de “educación para todas la vida”;
- Desarrollar un diagnóstico participativo , junto a organizaciones docentes, universidades y entidades de la sociedad civil que trabajan en la educación de jóvenes y adultos , de las modalidades ofertadas por los establecimientos del país , con especial atención a la calidad educativa y a las capacidades profesionales de sus docentes para diseñar políticas institucionales y pedagógicas nuevas y consecuentes
- Establecer medidas gubernamentales, de corto y mediano plazo, que respondan a situaciones críticas según las demandas de los participantes de la educación de jóvenes y adultos especialmente las referidas a:
a. El establecimiento de medidas y “acciones afirmativas” que respondan a situaciones críticas documentadas por los participantes de la educación de jóvenes y adultos especialmente las referidas a la dotación de recursos financieros y de infraestructura, para hacer posible el mejoramiento del trabajo pedagógico con su estudiantado mayoritariamente en condiciones vulnerables y de exclusión, la formación profesional de los-as docentes y directivos-as , la vinculación de los establecimientos públicos con la comunidad y su articulación con “salidas” de educación post-secundaria que sean promisorias para los –as estudiantes.
b. La generación de procesos coherentes y pertinentes de evaluación, calificación y certificación de los aprendizajes, pues es urgente superar las enormes dificultades e inconsistencias en este ámbito que hoy generan malas prácticas, impotencia, confusión y desesperanza, lo que afecta negativamente, una vez más, la experiencia educativa de sus estudiantes: es necesario enfrentar y resolver el desfase que existe entre las instancias que realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje y aquellas encargadas de evaluar y certificar dichos aprendizajes.
7. Llamado final. Hacemos un llamado a las autoridades educacionales para que asuman un liderazgo efectivo en el desarrollo de esta agenda, asegurándose la participación de las-os propios estudiantes , para incorporar su opinión sobre la educación que necesitan, desean y sueñan, y de los propios docentes y establecimientos que imparten educación para personas jóvenes y adultas , pues es preciso valorar sus hallazgos, potenciar su creatividad, estimular la gestión de su propio conocimiento, reconocer sus aciertos e iniciar procesos conjuntos de transformación.
Septiembre, 2014
Firmantes:
Dra. Violeta Acuña, Directora del Programa Disciplinario de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad de Playa Ancha
Dr. Guillermo Williamson, Académico de la Universidad de la Frontera
Dr. Carlos Calvo, Académico de la Universidad de La Serena
Dra. Graciela Rubio, Académica de la Universidad de Valparaíso
Dr. Rolando Pinto, Académico de la Universidad de Playa Ancha
Prof. Jorge Osorio, Académico de la Universidad de Playa Ancha
Prof. Edgardo Álvarez, Miembro del Comité Ejecutivo del CEAAL
Prof. Alejandra Farías, Académica de la Universidad de Santiago
Prof. Patricia Ochoa, Académica de la Universidad de Chile
