Mario Vásquez Rojas
Introducción
El tema de la existencia o no de mecanismo de rehabilitación y reinserción social al interior de los recintos carcelarios en Chile ha sido objeto de reportajes de televisión, columnas de opinión en medios escritos, debates públicos de distintos actores sociales y comentario obligado de toda la sociedad. Hoy cobra gran relevancia este tema toda vez que se encuentra en el tapete de la discusión nacional la efectividad de los recintos de reclusión, el hacinamiento en centros penales, la mayor incidencia del delito en Chile, la sensación de ausencia de justicia frente a hechos delictuales, y la reforma a la Reforma Procesal Penal que el Gobierno de Chile ha impulsado precisamente para evitar los vicios legales que tanta inquietud y desazón ha generado en la opinión pública.
Al respecto, se cree necesario y enriquecedor que ese debate nacional se produzca por cuanto se entiende como un tema País, que la solución no solamente pasa por la construcción de nuevas cárceles –cuya obra ninguna comuna desea realizar-, ni por la promulgación de nuevas leyes -que muchas veces no apuntan al problema y que en ocasiones hacen impracticable la aplicación de justicia generando a la sociedad chilena la sensación de impunidad-.
En ocasiones se habla de profesionalizar a los funcionarios de Gendarmería de Chile e implementar nuevos programas de rehabilitación, pero ambas cosas requieren un alto presupuesto de la nación y fundamentalmente, un buen diagnóstico que permita dar soluciones prácticas a estos programas del Ministerio de Justicia e Interior.
El común de los chilenos tiene, con justa razón, una opinión punitiva respecto de las acciones delictuales que conoce a diario por los medios de comunicación, o que le toca presenciar en el día a día, e incluso sufrir en carne propia ante actos a todas luces repudiables.
Por lo tanto, cabe preguntarse qué hacer frente a este flagelo social que se encuentra enquistado en el centro de lo más sensible de nuestra sociedad, especialmente si aquello que lo produce está asociado al consumo de drogas y alcohol, a la obtención del dinero fácil o de la complicidad de una sociedad que se afecta, pero que también afecta con sus propios actos el equilibrio de lo que es socialmente justo.
Nuestra sociedad atraviesa una crisis que no solamente es social, sino también esencialmente valórica, pues todos los actos reñidos con lo socialmente establecido están relacionados con la satisfacción de lo prohibido, lo que se entiende como una transgresión a lo aprendido en el seno familiar, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en la experiencia vital.
Docentes y profesionales de la educación, creen firmemente en ella, que a través de la educación una nación adquiere conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. A través de la educación un país crea conciencia cultural, moral y conductual. Por lo tanto, para abordar y eventualmente resolver esta crisis social y valórica que es la delincuencia, es que este artículo pretende aportar respondiendo desde la educación.
La educación en contextos de encierro
El arduo debate de la Reforma Educacional que se ha estado desarrollando en Chile, encuentra en su eje principal a estudiantes y docentes, secundarios y universitarios con estamentos administrativos y de dirección exigiendo educación pública gratuita y de calidad, fin al lucro y al copago, entre otras sentidas demandas; mientras que el sistema educativo público pareciera estar luchando por sobrevivir en una sociedad que ve cada vez con más desconfianza la calidad de sus Proyectos Educativos, y con discriminación a quienes integran el sistema público, que retira a sus hijos de los establecimientos educacionales de esa dependencia y, a la luz del debate, tiene su preferencia en un sistema educativo particular subvencionado cuya continuidad se siente amenazada por el impulso de la Nueva Reforma.
Mientras esto ocurre en Chile, otro espacio menos protagónico, pero no menos importante en su debate y exigencias es la Educación de Adultos. Aún más, dependiente de ésta y hasta desconocida para la gran mayoría de la ciudadanía se encuentra la “Educación de Jóvenes y Adultos en Contexto de Encierro” . Esta modalidad de educación ha ido paulatinamente a través de los años buscando su espacio en la sociedad del conocimiento, desarrollando sus propias prácticas educativas en un difícil y poco propicio entorno como lo es: la cárcel.
Antecedentes históricos de la educación de adultos en contexto de encierro
Los orígenes de la educación al interior de los recintos penales en Chile se remontan al siglo XVI cuando comenzaron a realizarse las primeras intervenciones educativas a los reclusos por parte de los sacerdotes mercedarios quienes agregando a sus tradicionales votos de pobreza, obediencia y castidad, sumaron un cuarto voto: “a liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello” (ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_la_Merced )
Muchos años pasaron cuando bajo la presidencia del General Manuel Bulnes se crea en 1843 la Penitenciaría de Santiago. En 1871 se crea la Guardia Especial, grupo separado del Ejército, pero que dependía de éste y estaba encargada de la custodia de los presos.
La Guardia Especial se mantuvo vigente hasta 1911, fecha en que bajo la presidencia de Ramón Barros Luco se crea el Cuerpo de la Gendarmería de Prisiones de la República Chile, destinada exclusivamente al Servicio de Prisiones.
El 30 de noviembre de 1921 se crea El Cuerpo de Gendarmería de Prisiones, y el 28 de agosto de 1928 se crea la Escuela de la Gendarmería de Prisiones. El 11 de abril de 1929 se fusionan junto con las fuerzas policiales del país el Cuerpo de Carabineros, pasándose a denominar Carabineros de Prisiones, después el 30 de noviembre de este mismo año 1929 mientras permanecían fusionados con Carabineros nace y se le denomina al área penitenciaria Servicio de Prisiones como institución en lo legalmente establecido del resultado de la unificación del Cuerpo de la Gendarmería. Para efectos conmemorativos se considera la fecha desde que se crea la Dirección General de Prisiones, esto ocurrió el 17 de junio de 1930, desde aquí en adelante la Gendarmería cumple años de existencia, razón por la cual se considera como el día de aniversario institucional el 30 de noviembre, pero se celebra el 30 de noviembre contando desde 1930. (ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Gendarmer%C3%ADa_de_Chile#Historia )
La educación en los centros penitenciarios
Desde la creación de la actual institución de Gendarmería de Chile el 30 de noviembre de 1930 hasta nuestros días, se cumplirán 84 años de vida institucional en la cual casi desde sus orígenes ha habido presencia de educación pública normalista para la alfabetización e instrucción pública en educación primaria a personas privadas de libertad.
En 1981, con la Reforma Educacional que impulsó el Gobierno de Chile entregando la administración de la Educación Pública a los Municipios, se creó la primera escuela pública intra-penitenciaria con denominación “Escuela Especial E – 508 para hombres y E-509 para mujeres”, que impartió educación básica al interior de los recintos penales más importantes del país.
Tres unidades educativas al interior del complejo penitenciario de Valparaíso
De acuerdo a la información entregada por el Área Técnica del Complejo Penitenciario de Valparaíso, al 22 de julio de 2014, el número de la población penal es de 2.848 internos que se distribuyen de acuerdo a los siguientes cuadros:
Número de la población penal al 22 de julio de 2014.
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Imputados |
Condenados |
Total |
|
Mujeres |
45 |
151 |
196 |
|
Hombres |
455 |
2.197 |
2.652 |
|
Total |
500 |
2.348 |
2.848 |
Número de la población penal con estudios al 22 de julio de 2014.
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Estudios completos |
Actualmente estudiando |
Total |
|
Mujeres y hombres |
520 |
1.325 |
1.845 |
Comparación porcentual de la población penal con y sin estudios al 22 de julio de 2014.
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N° Alumnos. estudiando y estudios concluidos |
N° internos sin estudios |
Total |
|
Mujeres y hombres |
1.845 |
1.003 |
2.848 |
|
Porcentaje (%) |
64,78% |
35,22% |
100% |
Cuadro comparativo entre las tres unidades educativas a julio de 2014.
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Categoría |
Dependencia |
Tipo Educación |
Matrícula / Porcentaje |
Especialidad |
Género |
|
Escuela E-508 |
Municipal |
Básica y Media HC |
372 / 28,08% |
No tiene |
Varones adultos |
|
Juan Luis Vives |
Particular-Subvencionado |
Básica y Media HC y TP |
600 / 45,28% |
1. Servicios de Alimentación Colectiva (Cursos de Repostería y Panadería) |
Varones y Mujeres adultos. Juveniles varones. |
|
Colegio Cardenal Oviedo |
Particular-Subvencionado |
Básica y Media TP |
353 / 26,64% |
1. Construc. Metálicas 2. Electricidad |
Varones adultos |
Considerando la disímil realidad que cruzan estas tres unidades educativas al interior del recinto carcelario porteño desde el punto de vista de: la infraestructura; los recursos económicos y administrados; y, la oferta educativa propiamente tal; hay un aspecto que es común a la tres: el alto grado de deserción escolar. Esto se debe, entre otras razones, al constante cambio de módulos que sufren los internos por razones de segregación y seguridad interna.
El resto de los aspectos posibles de observar marcan diferencias más que similitudes entre estos tres establecimientos educacionales. Así, por ejemplo, la “Escuela E-508” realiza actividades solamente dentro de los módulos de reclusión, el “Colegio Cardenal Oviedo” cuenta con infraestructura propia, por lo tanto, los alumnos convergen al liceo de distintos módulos, mientras que la “Escuela Juan Luis Vives” realiza actividades educativas en una modalidad mixta, estos es, en módulos (hombre y mujeres) y salas de clases.
No es inadvertida la alta preferencia que tienen los alumnos internos por la “Escuela Juan Luis Vives” al momento de escoger dónde estudiar. Dicho establecimiento ofrece horarios flexibles que contemplan la jornada vespertina para internos trabajadores, misma que no tienen las otras dos unidades educativas; cuenta con una atractiva especialidad; una política educacional interna más flexible a la hora de evaluar a sus alumnos, una relación más cercana entre docente-alumno al interactuar el docente al interior de los módulos de reclusión; y una mayor influencia de sus docentes con los funcionarios de Gendarmería quienes en la precariedad de los módulos de reclusión donde se desempeñan encuentran en ellos un apoyo y una respuesta a sus demandas más básicas.
Con todo, también llama la atención que el “Colegio Cardenal Oviedo” tenga la matrícula más baja de las tres unidades educativas, considerando que es un Proyecto Educativo que cumple con un estándar de calidad superior al ofrecido por algún otro establecimiento educacional al interior de un recinto penitenciario: infraestructura cómoda con salas de clases, biblioteca, sala de computación, talleres, baños y una sala de profesores al alcance de sus necesidades; horarios que permiten el cumplimiento de Planes y Programas de Estudio, Certificación de Competencias Laborales realizada por la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Prácticas Profesionales, y Cursos de Capacitación SENCE, incluso por años entregó a sus alumnos egresados y familiares un servicio de acogida y capacitación al momento de obtener algún beneficio de salida al medio libre o simplemente al término de cumplimiento de condena.
Asimismo, resulta interesante analizar la función y desempeño de la “Escuela E-508”, pues es la unidad educativa más antigua de las tres, tiene asignados los módulos de mayor compromiso delictual, realiza sus funciones educativas en módulos de reclusión cuyas condiciones son de extrema precariedad. Su relación con los internos es asistencial más que educativa, y administrativamente es una institución muy carente de recursos asignados por el municipio local del cual es dependiente. Prácticamente solo recibe recursos de Gendarmería de Chile y el Ministerio de Educación.
Una explicación plausible de esta situación es que todos los internos deben ser evaluados cada dos meses por el Tribunal de Conducta, instancia que define –entre otras cosas- la obtención de algún beneficio intra-penitenciario. La educación es un índice de calificación en cuyo caso los representantes de las tres unidades educativas informan del avance o no de cada uno de los postulantes. Lo anterior, es muy determinante porque la asistencia es un índice de medición fundamental para una buena evaluación, y en esto, las escuelas que atienden dentro de los módulos tienen un 100% de asistencia, aún cuando el interno no asista a la sala de clases. No corre la misma suerte quien estudia en el “Colegio Cardenal Oviedo” por cuanto no siempre puede asistir a clases muchas veces por razones ajenas a su voluntad como son los llamados procedimientos internos o allanamientos, entre otros.
Gendarmería y la educación: ¿problema sin solución?
Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene como principal propósito tener a cargo las cárceles y penales del país con el objetivo de garantizar el cumplimiento eficaz de la detención privativa y de las penas restrictivas o privativas de libertad a quienes los Tribunales de Justicia lo determinen. Asimismo, debe entregar al afectado un trato digno y desarrollar programas para la reinserción social a fin de tender a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual.
Aclarado el objetivo de la institución, y teniendo presente los hechos noticiosos que dan cuenta del actuar de funcionarios de Gendarmería en contra de los usuarios en algunos recintos penales del país, es preciso preguntarse si el nivel de profesionalización de los funcionarios de Gendarmería de Chile es el suficiente y adecuado para la delicada y sensible tarea de resocializar personas que en la mayoría de los casos no solo no se han educado sino que han permanecido al margen de lo socialmente establecido.
Un funcionario de Gendarmería de Chile que se formó durante 8 meses en la Escuela de Suboficiales u otro que se formó durante 2 años en la Escuela de Oficiales, probablemente no tenga todas las herramientas ni conocimientos relativos a esta sensible tarea, principalmente por la escasez de tiempo invertido en su formación. Así entonces, la custodia pasa a ser el objetivo único y principal de su misión, dejando la importante labor de rehabilitación y reinserción social en manos de las escuelas o de talleres de intervención laboral o psicosocial.
Así las cosas, un interno matriculado en alguna escuela a la que deba asistir en forma diaria, para salir del módulo de reclusión donde habita se encontrará a expensas de la voluntad o arbitrio del funcionario de turno, de tal forma que, la decisión en la discontinua línea de resocialización del interno pasa por esa diaria decisión. ¿Está preparado un funcionario -cuya formación profesional de 8 meses lo tiene a cargo de un módulo de reclusión- para entender que su decisión diaria afecta directamente al elemento más sensible en esta etapa de resocialización? La experiencia nos indica que probablemente no, y aunque es posible caer en el riesgo de la generalización, claramente el que tiene el poder de decisión para que un interno se eduque no es la autoridad máxima ni la variada gama intermedia, sino el funcionario que tiene la llave para abrir la reja del módulo.
Mucho se ha debatido respecto de esta cuestión: los funcionarios de Gendarmería aducen falta de condiciones aceptables para el desempeño de un buen trabajo, los internos esgrimen una constante violación a sus derechos humanos. Sin embargo, más allá de toda disquisición, lo que es posible observar es que el funcionario es reticente a que el interno salga del módulo y se eduque, incluso aduciendo a que no es justo que alguien que ha delinquido finalmente reciba como un premio más educación que la recibida por ellos.
Pareciera ser que el Estado de Chile tiene –entre muchas otras- una gran tarea por delante, y es hacer que el sistema de prisiones de Chile se encuentre a la altura de las circunstancias de un país que exhibe un constante crecimiento económico, pero que aún no resuelve el problema de la justicia y la equidad social. Prueba de ello es la constante sensación de desamparo social o simple impunidad frente a los hechos de violencia delictual, lo que se traduce en una sociedad más punitiva y castigadora.
Por lo tanto, la relación entre los funcionarios de Gendarmería de Chile y el sistema educativo intra-penitenciario se encuentra con una tarea pendiente.
Educarse para el beneficio o educarse para cambiar: ¿Existe la rehabilitación de la persona privada de libertad?
Podría pensarse que habiendo tres escuelas en contexto de encierro en un recinto penal las posibilidades de rehabilitación de una persona privada de libertad mediante la educación son más altas que las de cualquier interno de otro recinto penal en Chile por cuanto cuenta con más escuelas.
Sin embargo, esta relación proporcional no significa necesariamente mayor posibilidad de rehabilitación, más bien representa más herramientas que pueden posibilitar su rehabilitación, pero en ningún caso la garantiza.
Pero, ¿qué se entiende por “rehabilitación”? En una rápida mirada semántica en relación a las personas privadas de libertad, diríamos que es la condición de “volver a estar en habilitación” para posteriormente insertarse en una sociedad que cobró su precio privándolo de libertad por trasgredir las normas sociales de conducta recibiendo por ello un castigo de privación de libertad hasta el cumplimiento de la condena.
Con todo, es preciso señalar que el término “rehabilitación” es rechazado por los mismos internos porque porta en su significado el concepto de una habilitación social anterior que no reconocen. Por el contrario, suelen sentirse fuera del sistema, marginados y discriminados por su condición social, económica, étnica, etc.
Asimismo, muchas veces ponen en tela de juicio el que la rehabilitación esté asociada necesariamente a una actividad específica, más bien suelen indicar que la rehabilitación es un proceso personal, cada uno elige cuándo y cómo se rehabilita.
Lo anterior puede explicar de algún modo el por qué una alta matrícula de un establecimiento educacional no marca necesariamente un alto índice de rehabilitación, pues dentro de las causas para desertar no se encuentran solo razones externas, como lo es un cambio de módulo, sino principalmente porque en su fuero interno no existe una férrea voluntad de cambiar su actitud, pues esto en el mundo carcelario muchas veces es visto como un signo de debilidad, ajeno al espíritu territorial, autoritario y beligerante imperante en un recinto carcelario.
Podemos decir entonces que con toda la oferta educativa existente en el CPV no es posible asegurar necesariamente mayores posibilidades para la inserción y habilitación social y laboral. Esta afirmación nos indica que la mayor oferta educativa permite que el interno se integre a un sistema que al interior de un recinto penal le otorga mayores opciones para postular a beneficios intra-penitenciarios tales como: cambios de módulo, visitas conyugales, realización de trabajos menores, salidas dominicales, participación en talleres, salidas los fines de semana, y finalmente, salida controlada al medio libre; pero no asegura su inserción y habilitación social y laboral. Por lo tanto, la integración al sistema educacional suele ser instrumentalizada con otros fines.
Ahora bien, es innegable que la educación como un proceso transformador del pensamiento genera cambios, pero lo hace en quien tiene la voluntad de que así sea. Para ello dispone de algunas herramientas que el sistema penitenciario le otorga, entre ellas, las mal llamadas “escuelas cárcel”.
Enseñanza significativa y pertinente
Sabido es entre quienes hemos desarrollado actividades educativas en recintos penitenciarios que la Educación de Adultos en contextos de encierro no cuenta con un diseño de Planes y Programas de Estudio propios que aborden objetivos y contenidos significativos y pertinentes a tal realidad. Han sido los mismos profesores quienes sin una preparación específica para enseñar a personas en contexto de encierro, han diseñado estrategias, planificado actividades y evaluado contenidos que tengan algún sentido de pertinencia y que resulte de ello un aprendizaje significativo en el cual el interno pueda valorar rescatando y reconociendo los elementos de su propia cultura para lograr identidad.
En este sentido, el Estado de Chile en su conjunto, y específicamente a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, tiene una deuda social significativa que no ha sabido abordar con la importancia que la cuestión amerita, toda vez que el problema social de la delincuencia en Chile ha ido creciendo exponencialmente en nuestro país y que la solución pareciera tener más aristas que las ya advertidas: construcción de nuevos recintos penales concesionados y reforma procesal penal, entre otros.
¿Para qué educamos a personas privadas de libertad?
Todos los esfuerzos hasta ahora realizados por las personas que cumplen penas de privación de libertad en Chile, desde el siglo XVI, en que los sacerdotes de la Orden de la Merced asumieron su labor sacerdotal de “liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello”, pasando por la creación en 1930 del Cuerpo de la Gendarmería de Prisiones de la República de Chile, y lo que actualmente es hoy la institución de Gendarmería de Chile, en que ha habido presencia de educación pública normalista para la alfabetización e instrucción pública en educación primaria, y sumando a ello, el proceso de Reforma Educacional que en 1981 impulsó el gobierno de turno municipalizando la educación pública y creándose la primera escuela pública intra-penitenciaria con denominación “Escuela Especial E – 508 para hombres y E-509 para mujeres” impartiendo hasta nuestros días educación básica y media al interior de los recintos penales más importantes del país, y teniendo presente los últimos avances ya en tiempos de democracia con la creación del primer Liceo Técnico Profesional en Chile y América Latina, iniciativa privada que en 2001 pone al servicio de las últimas cárceles fiscales un sistema educativo formal y técnico profesional; todos de una u otra manera han creído que la educación de personas en condiciones de privación de libertad genera un proceso transformador mediante el cual es posible vislumbrar un camino de esperanza que signifique mejorar sus vidas no solo alcanzando alguna posibilidad laboral, sino también para insertarse en la sociedad, para ser un ejemplo para sus hijos o cercanos que también forman parte del círculo de la pobreza. De alguna u otra forma, educamos entonces para la libertad.
Mario Vásquez es Profesor de Estado de Castellano. Académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. Magister © en Gestión Educacional de la Universidad Nacional Andrés Bello. Director del primer Liceo Técnico Profesional de Adultos intra-penitenciario en Chile y América Latina Colegio Cardenal Oviedo de Valparaíso desde 2001 a 2013
