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1.  Convocatoria a diseñar e implementar una nueva política  para la educación de jóvenes y adultos. Nuestro país tiene una historia importante en la educación de adultos: desde los años 60 del siglo pasado fue impulsada, tanto desde el Estado como  desde la sociedad civil, como una vía estratégica para avanzar en una sociedad inclusiva y más justa. Se la concibió, además, como una herramienta para darle calidad a la vida democrática y tal principio nutrió igualmente la defensa de las libertades y derechos humanos. Diversas instituciones y docentes  implementaron programas innovadores reconocidos como buenas prácticas inspiradoras a nivel global y más allá de los vaivenes de las políticas sectoriales los-as educadores-as  han perseverado en su compromiso por responder a las necesidades de lo-as estudiantes que llegan a la educación de jóvenes y adultos buscando alternativas de mejoramiento de sus vidas.  En la actualidad,   los sistemas educativos  tienen la obligación  de trabajar para el interés común para  que los beneficios  del desarrollo de los conocimientos  y  de las tecnologías se distribuyan con igualdad en todos los grupos etareos, por tanto,  deben  fortalecer la “educación durante toda la vida” como un derecho. Para lograr avances  hacia este objetivo valoramos el  momento privilegiado  que vive nuestro país  para desarrollar cambios sustantivos en su sistema educacional y en sus fundamentos políticos  y pedagógicos. Así lo siente la sociedad civil, los-s educadores-as, los movimientos estudiantiles  y las autoridades y el Gobierno ha convocado a diálogos ciudadanos para fortalecer la participación de todos los actores en la realización de reformas educacionales para una educación justa y de calidad. Para quienes trabajamos en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos en todas sus modalidades, escolares y comunitarias, esta es una oportunidad  para reivindicar la importancia de que el país refunde una política pública en este ámbito educativo, que responda a las necesidades existentes en la población adulta en relación a su vida laboral, social y ciudadana.  Por esta razón, un  contingente importante de docentes en ejercicio y de profesionales de la educación, que trabajan por hacer realidad en el país  lo que la UNESCO ha definido como el “derecho humano a la educación durante toda la vida para todos y todas”,  estamos movilizándonos para aportar, desde nuestra prácticas, experiencias y pensamiento, a este necesario y urgente proceso refundacional.

2.  La educación de jóvenes y adultos como derecho  tiene un estatus estratégico para el desarrollo inclusivo  del país.  Consideramos que el fundamento de una nueva política para la educación de jóvenes y adultos en nuestro país  es  el reconocimiento  de la “educación durante toda la vida” como un derecho humano, lo que exige que los sistemas educativos adecuen su institucionalidad y estructura  para responder  a las necesidades  de aprendizaje durante todo el ciclo de vida de las personas.  Con el reconocimiento de este principio   valoramos la importancia de que las personas se eduquen de manera permanente, para  que respondan con autonomía y responsabilidad a las transformaciones periódicas  de la predominante  “economía del conocimiento” y, de este modo, la sociedad cuente con    capacidades  culturales de base  para    llegar a  solidarias, inclusivas, igualitarias, educadoras. Estos principios,  que el Estado chileno ha reconocido como propios en diversos foros internacionales y en sus respectivas declaraciones vinculantes (CONFINTEA de Belém, 2009)  nos llevan a plantear la necesidad de generar cambios sustantivos en la actual política de la modalidad de “educación de jóvenes y adultos”, tal como es reconocida en la Ley General de Educación, dándole un estatus  estratégico.

     Consideramos que es preciso hacer estos  cambios para que el sistema público de la educación de jóvenes y adultos  asuma su responsabilidad de responder a la exigencia cultural y educacional que supone una sociedad igualitaria, no segregadora y democrática.

Consideramos que éste es el momento para que  en la red  pública de servicios educativos  para jóvenes y adultos se realicen transformaciones  que  aseguren  su calidad  , su  pertinencia social y territorial  y  el acceso de todas las personas  que los demanden según nuevas propuestas pedagógicas e institucionales . que garanticen lo establecido  en  la propia Ley General de Educación  que considera la educación de jóvenes y de adultos una modalidad relevante integral y  no sólo la “normalización de estudios”.

3.  Los desafíos de una buena educación  de jóvenes y adultos que responda integralmente  tanto a las necesidades  de realización personal y de  inclusión social  de los estudiantes como a  las consecuencias que genera la  realidad del analfabetismo funcional en el país.  Una tarea importante  es trabajar  para  que los  cinco millones de ciudadanos-as que no han terminado sus estudios regulares básicos y secundarios  lo hagan en el marco de un servicio educativo que junto con apoyarles a terminar tales  estudios   les abra oportunidades  e itinerarios formativos diversos que contribuyan a hacer realidad  sus proyectos personales, profesionales y laborales .  Se debe tener presente que la educación de  jóvenes y adultos  acoge actualmente de manera importante a los estudiantes que la educación formal excluye, deshecha o expulsa.  Para estos-as estudiantes  se requieren desarrollar dispositivos institucionales y didácticos  adecuados  que permitan   que los nuevos procesos de aprendizaje que se proponen reviertan las malas experiencias anteriores y  hagan posible su real inclusión en el sistema educativo.  Asimismo, recientes estudios han mostrado la realidad del “analfabetismo funcional” en el país, lo que es una evidencia  más para exigir un cambio de paradigma en la educación de las personas  jóvenes y adultas,  abriéndonos a nuevas formas de educación comunitaria, redefiniendo las modalidades de acción de los establecimientos públicos  que proveen el servicio educacional para jóvenes y adultos, estableciendo alianzas y redes que potencien  el trabajo educativo  y de capacitación con adultos que realizan  otros servicios públicos diversos u otras entidades no-lucrativas de la sociedad civil que despliegan programas de educación comunitaria, de formación vocacional, de formación ciudadana, entre otras temáticas.

4.   Educación de jóvenes y adultos para el pleno ejercicio  de la ciudadanía  y la realización humana. Dado que el  horizonte de una nueva política de educación de  jóvenes y adultos  es garantizar al derecho a la educación durante toda la vida, como atributo fundamental de una sociedad justa e inclusiva, la tarea inicial que se debe emprender  es iniciar  el diseño y la implementación de  un sistema-red que permita que las personas accedan y  participen de trayectorias o itinerarios educacionales basados en sus territorios de vida  y que les responda a  su “aspiración” a formarse. Para conseguir esta finalidad  no basta concebir la educación de jóvenes y  adultos  sólo como una actividad compensatoria o remedial sino como un servicio de calidad habilitante para el ejercicio pleno de la ciudadanía social y educativa de la población  en todas sus etapas etarias. Un desafío muy importante para una nueva política de educación de jóvenes y  adultos es  su coordinación con  políticas  que promuevan empleos dignos, bien remunerados y  capacitación laboral y profesional  que integren de manera culturalmente pertinente y sin discriminación de ninguna especie  los “·tiempos laborales” con los “tiempos de la vida” incluyendo los “tiempos de la jubilación”, cuya dinámica y sentido está cambiando de manera significativa,  lo que amerita nuevas política de inclusión y promoción del empleo en tiempos de jubileo.

5.  Pertinencia regional, cultural, social y ciudadana de la educación de jóvenes y adultos  como derecho humano. Una nueva  política de educación de jóvenes y  adultos de integrar   de manera renovada  el  sistema  público de formación y aprendizaje para responder a  las necesidades productivas, medioambientales, culturales, sociales, patrimoniales e  identitarias de los territorios y regiones del país.  Los establecimientos públicos de educación de jóvenes y adultos, los centros de formación técnicas, las escuelas vocacionales, las universidades, las redes de educación comunitaria y  las entidades no-lucrativas de capacitación para el trabajo  deben concertarse para generar ofertas flexibles y masivas que permitan el aumento de las oportunidades  formativas de las personas adultas  en todos los “·ámbitos” y “tiempos” vitales señalados. El horizonte debe ser avanzar hacia territorios, regiones, ciudades y localidades socialmente responsables con la “educación para toda la vida” en perspectiva  de desarrollar modos de vida sustentables ambientalmente, participativos, saludables y interculturalmente creativos. El anuncio presidencial de crear centros regionales de formación técnica puede ser una oportunidad para explorar nuevos modelos para la gobernanza de los sistemas de aprendizajes, certificaciones y acreditaciones de saberes y prácticas. El criterio fundamental  para su implementación debe estar en el reconocimiento de  los cinco atributos que aseguran el “derecho a la educación”:

6.  Proponemos una agenda de trabajo. Consideramos que para iniciar el proceso de cambio que demandamos ,y del cual nos sentimos sujetos activos y responsables,  es preciso que las autoridades educacionales y los actores de la educación de jóvenes y adultos establezcan  prontamente una agenda de trabajo , que comprometa durante  el ejercicio del actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet  la ejecución de medidas  y acciones que establezcan las condiciones participativas para crear   una nueva política pública de la “educación para toda la vida” en nuestro país , con un sentido de justicia educativa y pleno reconocimiento  de que el Estado debe responder a los desafíos culturales y sociales que exigen  el pleno ejercicio de la ciudadanía democrática en la sociedad. Prioritariamente esta “agenda corta” debe asegurar:

a. El establecimiento de   medidas  y “acciones afirmativas” que respondan a situaciones críticas  documentadas por los participantes de la educación de jóvenes y adultos  especialmente las referidas a la dotación de recursos financieros y de infraestructura,  para hacer posible el mejoramiento  del trabajo pedagógico con su estudiantado mayoritariamente en condiciones vulnerables y de exclusión, la formación profesional  de los-as docentes y directivos-as , la vinculación de los establecimientos públicos con la comunidad y su articulación con “salidas” de educación post-secundaria que sean promisorias para los –as estudiantes.

b. La generación de  procesos coherentes y pertinentes de evaluación, calificación y certificación de los aprendizajes, pues es urgente superar las enormes dificultades e inconsistencias en este ámbito que hoy generan  malas prácticas,   impotencia, confusión y desesperanza,  lo que  afecta  negativamente, una vez más,  la experiencia educativa de  sus estudiantes: es necesario   enfrentar y resolver el  desfase  que existe entre las instancias que realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje y aquellas encargadas de evaluar y certificar dichos aprendizajes.

 

7.  Llamado final. Hacemos un llamado a las   autoridades educacionales para que asuman un liderazgo efectivo en  el desarrollo de esta agenda, asegurándose  la participación de  las-os  propios estudiantes , para  incorporar su opinión sobre la educación que necesitan, desean y sueñan,  y  de  los propios docentes y establecimientos que imparten educación para personas jóvenes y adultas , pues es preciso  valorar sus hallazgos, potenciar su creatividad, estimular la gestión de su propio conocimiento, reconocer sus aciertos e iniciar procesos conjuntos de transformación.

 

Septiembre, 2014

Firmantes:

Dra. Violeta Acuña, Directora del Programa Disciplinario de Educación de Jóvenes  y Adultos de la Universidad de Playa Ancha

Dr. Guillermo Williamson, Académico de la Universidad de la Frontera

Dr. Carlos Calvo, Académico de la Universidad de La Serena

Dra. Graciela Rubio, Académica de la Universidad de Valparaíso

Dr. Rolando Pinto, Académico de la Universidad de Playa Ancha

Prof. Jorge Osorio, Académico de la Universidad de Playa Ancha

Prof. Edgardo Álvarez, Miembro del Comité Ejecutivo del CEAAL

Prof. Alejandra Farías, Académica de la Universidad de Santiago

Prof. Patricia Ochoa, Académica de la Universidad de Chile